Hicieron fracasar el tratamiento de la ordenanza de Transparencia y Participación Ciudadana

Por Nicolás Gatica Ceballos

Ayer el orden del día establecía el debate del proyecto de ordenanza denominado "Sistema Integral de Transparencia y Participación Ciudadana, Acceso a la Información Pública".

Fue presentado a fines de 2017 por parte del Ejecutivo Municipal y buscaba convertirse en un marco de transparencia institucional que garantizara un régimen de acceso a la información, un presupuesto participativo, la concreción de audiencias públicas y la elaboración participada de normas.

La iniciativa fue evaluada en la comisión de Legislación e Interpelación y consensuada por los concejales para que obtuviera finalmente una resolución, pero surgieron inconvenientes a lo largo de la jornada que derivaron en que la sesión se declarara “desierta”,  imposibilitando su aprobación.

Qué dice el proyecto

El 2 de julio los integrantes de la comisión resolvieron por mayoría que se emitiera el despacho.

En un principio fue presentado por el Ejecutivo municipal, pero posteriormente se trabajó en debates con organizaciones no gubernamentales dedicadas al análisis y la elaboración de legislación en materia de transparencia como Poder Ciudadano y la Fundación Avina.

En ese sentido y en el marco de la conformación de una propuesta que diera respuestas a la necesidad de una actualización de la legislación, se definió el proyecto.

A grandes rasgos prevé cuatro aspectos fundamentales. Primero hace hincapié en el establecimiento de un régimen de acceso a la información pública, no sólo del Ejecutivo o el Concejo Deliberante, sino también de empresas donde la Municipalidad tenga participación mayoritaria, como puede ser el caso de una Sapem.

Otro de sus ejes destaca la concreción del presupuesto participativo para que los vecinos puedan ser parte de la toma de decisiones en la asignación de recursos municipales, y se les permita definir el destino de una parte del presupuesto en la generación de obras públicas.

En este aspecto se había acordado un presupuesto participativo de un 5%, sin la posibilidad de que sea modificado.

La letra de la iniciativa también menciona las audiencias públicas, como una instancia de participación en el proceso de toma de decisiones administrativas y legislativas, con el objeto de que la autoridad responsable acceda a las diferentes opiniones sobre un tema en forma simultánea.

El cuarto ítem se refiere a la elaboración participada de normas; un procedimiento basado en consultas no vinculantes y que involucra a sectores interesados y a la ciudadanía en general, en la elaboración de normas administrativas y ordenanzas.

En resumen, se trata de temas relevantes que guardaban el objetivo de mejorar sustancialmente la calidad institucional del municipio y la transparencia.

La sesión

El debate se venía desarrollando bajo parámetros normales. Cuando llegó el turno de la discusión sobre la Transparencia y la Participación Ciudadana empezaron las diferencias.

Al inicio el concejal Javier Suárez (San Luis Unido) formuló una contextualización y advirtió que se tendrían en cuenta una serie de indicaciones que recibió por parte de su par Johana Sosa, que buscaba modificar cinco artículos referidos a errores en la redacción y observaciones de contenido.

Ni bien concluyó su intervención, tomó la palabra Roberto González Espíndola. Se mostró reticente a la idea de una posible sanción y si bien dejó en claro que celebraba este tipo de debates, expuso algunos fundamentos con los que consideró que el proyecto debía aguardar hasta diciembre.

“Me parece que estamos apurándonos en varios sentidos. Primero no entiendo porque  la vigencia de esto en caso de que lo aprobemos hoy, será de acá a seis meses, no me cierra. Si va a pasar ese tiempo, deberíamos sacar un pronto despacho para la última sesión del año y recién ponerlo a consideración del cuerpo”, sostuvo el dirigente kirchnerista que forma parte del bloque de Alberto Rodríguez Saá.

“Trata varios temas que no tienen que ver con el acceso a la información pública. Además ya existe una ordenanza del año 2011 y no varía en nada con el espíritu de esa (…) lo he leído detenidamente, tiene una buena reglamentación pero no entiendo porqué mezclar cuatro ordenanzas (por los 4 ejes centrales) cuando lo tenemos reglamentado; si bien esto es más amplio no comprendo porqué está todo junto”, explicó.

También fundamentó que el proyecto puede “modificar la democracia en San Luis” por lo que instó a abordarlo “con la calidad institucional que corresponde”.

Luego referenció cuestionamientos técnicos a diferentes segmentos del articulado, advirtiéndole a Suárez que no se trataba de “copiar y pegar”. Criticó también que para concretar peticiones se precise el 0,5% del electorado municipal.

Por último remarcó una “consideración política”. Destacó que la ordenanza establece normas para “acceder voluntariamente a la información”, cuando desde su punto de vista la información se debe facilitar de manera “proactiva”.

“En los países y ciudades de vanguardia la información se brinda, no se tiene que pedir. Comparto mirar hacia el futuro, pero esto no dice nada nuevo en relación a lo vigente (…) solamente un 0,5% de la población pide datos a los organismos públicos de Argentina, entonces tiene que haber un cambio en la posibilidad de buscar información”, aseveró.

La falta de quorum

Al concluir, pidió que el despacho regresara a la comisión para darle un tratamiento de profundidad.

Suárez Ortíz salió al cruce apoyándose en aspectos técnicos y resaltando que la preponderancia de aprobar la iniciativa radicaba en la dilación que poseía y en el aporte de las organizaciones dedicadas a la transparencia.

“Es un tema importante, está desde septiembre de 2017 y desde entonces hubo debates. El concejal (por González Espíndola) fue miembro de la comisión y nunca planteó estos temas, tuvo un año y medio para hacer modificaciones”, señaló.

Luego describió que por pedido de Johana Sosa se modificarían los plazos de adecuación para las instituciones (de 90 a 180 días).

“Esta iniciativa pone a San Luis en una situación ejemplificadora”, aseguró el concejal radical.

Sosa por su parte manifestó su apoyo a la moción de González Espíndola. Así se llamó a votación para analizar quién se sumaba a la postura, pero finalmente ello fracasó y prosiguió el análisis del proyecto.

Luego de que Sosa expusiera una serie de indicaciones en la redacción que a su parecer estaban “mal implementadas”, se suscitó la falta quórum.

“Señor presidente, un llamado a la reflexión, no podemos aprobar esto, tiene que surgir en base al consenso y esta ordenanza modificará la democracia de San Luis. Me voy a levantar, no voy a estar en la votación, no voy a dar quórum, no voy a formar parte de esto”, cuestionó González Espíndola.

Inmediatamente Daniela Serrano, también kirchnerista que integra la bancada que responde al gobernador, se expidió en sintonía con lo propuesto por su bloque y se levantaron.

Se fueron González Espíndola, Serrano, Sosa, Luis Macagno, Virginia Ortega y Norma Rosales. El único que se quedó del rodriguezaísmo fue Daniel Ferreyra.

Por su lado Federico Cacace y María José Domínguez repudiaron la actitud. “Podrían haber votado por la negativa o abstenerse, es un papelón por parte del Frente Justicialista”, dijo Domínguez.

“Me parece que han buscado cualquier argumento para retirarse y no tratar este proyecto que está hace casi dos años, no lo comprendo”, expresó Suárez Ortiz.

Ya sin la posibilidad de tratar la norma, declararon desierta la sesión.

“Por ser mi espacio político pido disculpas, esto afecta. Cuando tenemos mayoría somos prepotentes y cuando no, nos levantamos y nos vamos. Hace dos años que está el proyecto, se demoró, pasaron dos presidencias y siguen moviendo obstáculos (…) salvo Ferreyra, me siguen dejando solo”, refrió el presidente del Concejo, Juan Cabrera.

A las 12:45 se cayó la sesión.